Fuente: Tiempo Argentino ~ El gobierno porteño lo venía promoviendo en los últimos años para el sector gastronómico, y con la pandemia explotaron. Aprovechan el espacio público, sin abonar nada extra y dificultando la circulación. Hasta hubo líneas de colectivos que debieron cambiar sus recorrido por ellos. Desde la Legislatura piden reordenar la normativa.
A la hora de remolcar coches en la calle, reprimir la protesta social, sacar manteros con la policía o encarar discrecionalmente megaobras, aunque vayan en contra de la voluntad popular, el gobierno porteño suele argumentar que lo hace para regular el uso del espacio público en beneficio de todos los vecinos. Sin embargo, esta hipótesis choca con la realidad cuando se ve una doble vara. El Ejecutivo porteño permite y promueve una determinada ocupación de veredas y calles que explotó a partir de la pandemia: la de los locales gastronómicos y de esparcimiento, que ganan varios metros para sus negocios gracias a la ocupación de parte de la vía pública en desmedro de los transeúntes y los frentistas, y sin tener que aportar nada a cambio. Según relevamiento oficial, hay al menos 3278 bares, cafés y restaurantes que utilizan el espacio del frente como una extensión más.
A partir de diferentes normativas que fueron readaptándose y cambiando con el correr de los años, los bares y restaurantes pueden desplegar mesas, sillas y parasoles en la vía pública en la denominada Área Gastronómica. En agosto de 2020, para promover al sector gastronómico en pandemia, se habilitó que puedan establecerse en veredas mayores a los dos metros y medio. En todos los casos deben dejar metro y medio para transitar, 30 centímetros libres desde el cordón hacia adentro, y los parasoles tienen que medir entre 2 y 3 metros. En barrios de veredas angostas como San Telmo o Palermo esa disposición choca contra la realidad.
Según información oficial a la que accedió Tiempo, hacia 2017 en CABA había unos 1500 locales que colocaban sillas y mesas en las afueras. Coronavirus de por medio, entre 2021 y lo que va de 2022, se sumaron 1778 permisos, además de unos 210 decks, esas plataformas de madera o metálicas que ocupan parte de la calle y están al mismo nivel que la vereda. Algunas las techan y le colocan paredes (en invierno hasta tenían calefacción) volviéndolas en la práctica un ambiente interior más del lugar que, incluso, como pasa en calle Riglos en Caballito o en cercanías al Jardín Botánico, tapan rampas.
También en pleno Covid el gobierno porteño creó áreas peatonales con círculos y líneas pintadas en la calle para favorecer la distancia de quienes se ubicaban en ellas. Iba a ser transitorio, pero en barrios como Boedo o Belgrano los locales las siguen utilizando. En calles palermitanas como Thames, por ejemplo, su presencia llegó a generar el cambio de recorrido de colectivos, que no podían transitar. Es el caso de la línea 39 y de la 55.
“El gobierno porteño tiene una mirada de transformar a la totalidad de la Ciudad en un gran polo gastronómico sin considerar los efectos de la saturación del espacio público con una misma actividad ni tampoco la regulación concreta para evitar los conflictos que se generan entre los usos comerciales gastronómicos y el uso residencial”, explica a este diario María Eva Koutsovitis, del Observatorio por el Derecho a la Ciudad.
La especialista, coordinadora de la Cátedra de Ingeniería Comunitaria de la Facultad de Ingeniería de la UBA (FIUBA), sostiene que hallaron «muchas irregularidades en el Casco Histórico. Ocupación de veredas y calzada por mesas y sillas que no tienen autorización o que están puestas en lugares prohibidos o que no respetan el espacio que deben dejar para el tránsito peatonal. Encontramos también la ejecución de música a través de DJ’s en la vía pública sin autorización”. La situación queda muy visible donde las veredas suelen ser muy angostas, pero las irregularidades se replican en todos los barrios. Colegiales, Saavedra, Caballito, son ejemplos. También en cercanías a parques, donde en su momento la gestión de Horacio Rodríguez Larreta buscó promover la instalación de bares. Hoy algunos ya se ubican sobre las plazas, como se vio en la Martín Rodríguez de Villa Pueyrredón.
Quien debe controlar la instalación de mesas y sillas en calles y veredas es la Agencia Gubernamental de Control (AGC). Las multas pueden ir de 6000 a 120.000 pesos. En los primeros seis meses del año labraron 230 actas, pero desde el organismo admitieron que «la mayoría de las veces se hacen pedidos o advertencias para que corrijan el problema, más que multas».
Como parte de esta política de Estado, a mediados de 2019, poco antes de las elecciones, el GCBA acordó con las cámaras empresarias del sector quitar el impuesto que cobraban por la instalación de las mesas, sillas y decks sobre los espacios públicos. Se creía que con esta medida los comerciantes trasladarían estos descuentos a sus cartas. Pero ese beneficio jamás repercutió en los precios: los aumentos en la gastronomía siempre estuvieron por encima de la inflación.
“El gobierno porteño modificó la reglamentación que regula los permisos y decidió eliminar la exigencia de una contraprestación económica por el uso del espacio público para estas actividades gastronómicas”, detalla Koutsovitis.
El espacio en disputa
Según confiaron asesores del FdT en la Legislatura, los negocios del rubro dejaron de pagar este tipo de tasas, aunque continuaron abonando un canon exiguo. Desde el despacho del legislador, Manuel Socías, que preside la Comisión de Protección y Uso del Espacio Público, informaron que al responder pedidos de informes, el oficialismo admitió que en 2017, cuando había 1500 locales que usaban el espacio público, la Ciudad recaudó bajo todo concepto 6,8 millones de pesos: $4533 por cada negocio.
Tres años más tarde, los valores distan de actualizarse con la inflación y el sector recuperó niveles de actividad prepandemia. Por esta razón, Socías presentó un proyecto de ley para “reintroducir gravámenes” sobre estos locales que hacen uso del espacio público sin dar prácticamente nada a cambio (ver recuadro).
A riesgo de ser contrafáctico, pero para tener una noción de lo que el gobierno porteño dejó de recaudar, Tiempo estimó que en 2019, de acuerdo al Índice de Precios al Consumidor, los negocios tendrían que haber abonado al menos 73 millones de pesos. Para 2022, la cifra treparía a 308 millones. El cálculo, además, se centra sobre los 1500 locales que había en 2017. Hoy ya son más de 3000.
Socías menciona la necesidad de discutir un rol más activo por parte del Estado local para que pueda dirimir de la mejor manera las preocupaciones de los vecinos, los intereses de los comerciantes y el cuidado del turista: «el espacio público está en disputa, muy tensionado. En la pandemia fue un vehículo para preservar miles de puestos de trabajo, como en el caso del uso de veredas por parte de la gastronomía, que fue un acierto. Pero ahora hay que reordenarlo».
Foto: Eduardo Sarapura
Un proyecto de ley que busca reintroducir gravámenes
Las y los legisladores del Frente de Todos presentaron en septiembre un proyecto de ley que busca “reintroducir gravámenes” para aquellos restaurantes y bares que utilizan el espacio público como si fuera un apartado más de sus negocios, desplegando mesas, sillas y parasoles en las veredas o directamente sobre la calle, muchas veces sobre plataformas metálicas o de madera. La idea es que el dinero recaudado se destine a asistir a las personas en situación de calle.
“Movilizar estos recursos para la atención de personas víctimas de sucesivos procesos de expulsión, y en un estado de extrema vulnerabilidad, es coherente con la idea de que deben generarse compensaciones tendientes al bien común por el aprovechamiento privado del espacio público. No se trata de castigar a nadie, sino de acompañar en su justa medida”, explica el legislador Manuel Socías, autor del proyecto y presidente de la Comisión de Protección y Uso del Espacio Público.
En sus fundamentos, recordó que desde 2019 el gobierno porteño dejó de cobrar este gravamen y que, por obvias razones, el beneficio se mantuvo durante la expansión del coronavirus. “El Estado Nacional durante la pandemia implementó Previaje, REPRO y ATP. En 2020, participé de conversaciones sobre exenciones de Ingresos Brutos a gastronómicos, porque ese tiempo habilitaba a dar esa discusión”. Apunta que ahora el contexto es muy diferente.
De acuerdo a un relevamiento del gobierno porteño de 2021, en CABA hay unas 2573 personas en situación de calle. Organizaciones sociales llevaron adelante su propio censo junto a otros organismos como la Defensoría del Pueblo y la Auditoría General de la Ciudad: contabilizaron 7251 personas. Con la pandemia el número creció. Siempre al desamparo.
Un plan sistemático
La ingeniera civil María Eva Koutsovitis, del Observatorio del Derecho a la Ciudad y coordinadora de la Cátedra de Ingeniería Comunitaria (CLIC)–FIUBA, denunció un «plan sistemático de ocupación del espacio público que existe en la Ciudad de Buenos Aires, impulsado por Horacio Rodríguez Larreta”. Y nombró algunos de los casos más resonantes: Casa Amarilla, Barrio IRSA en Costanera Sur, Distrito Joven en Costanera Norte, las torres en Costa Salguero y Punta Carrasco, el Tiro Federal, la venta de 87 hectáreas en la Villa 31 y 31 Bis, la «privatización» de sectores del Parque Sarmiento, del Parque de las Victorias, del Tres de Febrero y de la Plaza Houssay (frente a la Facultad de Medicina) «para hacer un polo gastronómico». Además, advirtió que el jefe de gobierno porteño «está vendiendo pedazos del Parque de la Ciudad. Sí en la Ciudad se venden pedazos de parques públicos”. Y añadió que “la dupla Macri–Larreta puso a la venta todos los playones ferroviarios de la ciudad que estaban destinados a grandes parques públicos. En Colegiales ya podemos ver las construcciones”.
