La misma postura tomó el grupo Inditex, propietario de Zara -la firma que gasta una media de alrededor de 320.000 euros al año por local-. La decisión de la casa matriz fue: este mes no cumplirá los contratos de alquiler en ningún país del mundo. Lo mismo anunciaron los grupos Adidas y H&M, en Alemania, una decisión que generó «indignación» en el gobierno de ese país y una polémica que llevó a la marca deportivo a cambiar de idea y cumplir los contratos. La firma de indumentaria sueca con más de 5000 puntos de venta y la que más gasta del mundo en alquileres -alrededor de doscientos millones de euros al mes- se mantuvo en su postura.
En otros países como Italia se dieron situaciones similares: Confindustria Moda pidió la revisión de los montos hasta que la actividad comercial, turística y residencial se recupere por completo. Lo mismo hizo Primark en Inglaterra mientras que Fraser y Arcadia, el grupo dueño de Topshop y Topman solicitó una reducción del 50%.
En línea con lo que pasa en el mundo, IRSA, el grupo propietario de los principales shoppings del país, generó alivio a sus locatarios cuando les informó por medio de una carta no cobrará los fee mensuales que vencían a principio de este mes. En otros casos fueron las marcas las que tomaron la posta y algunas cadenas comerciales instaladas en inmuebles ubicados en las principales avenidas porteñas comunicaron a los propietarios de los locales que no sabían qué porcentaje del alquiler pueden afrontar.
En gastronomía, uno de los rubros más afectados, las cadenas internacionales instaladas en la Argentina también están negociando dejar sin efecto el valor mínimo de alquiler que es el monto que pagaban si el porcentaje de las ventas -que suele ser entre 4% y 8%- no cubría el mínimo negociado en el contrato. De esta forma buscan atar el alquiler a resultados, es decir a un porcentaje de lo que facturaron hasta el jueves 19 de marzo cuando arrancó la cuarentena obligatoria decretada por el presidente Alberto Fernández. «Nadie quiere jugarse con un mínimo fijo», sintetiza uno de los agentes inmobiliarios consultados.
Inquilinos de otros rubros, tal vez contemplando la relación de años que tienen con los locadores, prometen pagar el 25% del valor mensual y dejar otro 25% pendiente, y financiarlo en cuotas en algún momento del año. «No podremos afrontar más del 50% del valor mensual estipulado en el contrato», reconoce el fundador de una reconocida cadena.
Aunque por ahora no lo están utilizando de forma explícita en las negociaciones, «la carta» en la que se amparan los inquilinos es el artículo 1203 del Código Civil que los protege. La norma establece que «si por caso fortuito o fuerza mayor el locatario se ve impedido de usar o gozar de la cosa, puede pedir la rescisión del contrato, o la cesación del pago durante el tiempo que no lo pudiera usar».
El impacto del decreto
En este contexto, el decreto del Gobierno que establece el congelamiento de los alquileres de las viviendas residenciales y que también corre para los locales comerciales no tiene demasiada relevancia en términos prácticos. Los inquilinos, con las persianas bajas, reconocen no tener margen para cumplir los contratos. Y los dueños de los locales que tenían pautado el ajuste semestral -que varía entre 12% y 18%- en los próximos seis meses no se preocupan por ese tema, ni piensan en desalojar a quienes no paguen -además si quisieran no pueden hacerlo-.
«El decreto congela los alquileres a marzo, impide los desalojos y le permite al inquilino pagar la diferencia que se genera por la actualización en cuotas sin interés a partir de octubre. También prorroga en forma automática aquellos que se vencían en los próximos seis meses», detalla Rafael Baigún, presidente de la inmobiliaria homónima.
La prioridad hoy para todas las partes es lograr un acuerdo «lógico». Y en los primeros ensayos se percibe cierta buena predisposición. ¿La razón? A los propietarios no les conviene quedarse con el local vacío en plena recesión económica local y mundial, y los inquilinos no quieren perder un inmueble bien ubicado, ni la inversión que realizaron en ambientación y equipamiento. «Hay casos en los que estuvieron años para conseguir un buen local en focos como Acoyte y Rivadavia o sobre la avenida Santa Fe», explica Domingo Speranza, presidente de Newmark Knight Frank argentina. Además, todos coinciden en que en algún momento, la actividad retornará.
Cada caso, un mundo
Las negociaciones son casi quirúrgicas y se dan caso por caso. Speranza explica que los inquilinos buscan «una ventana de tiempo» y si bien no se puede generalizar, las quitas en los alquileres -que en su mayoría se cierran en pesos- de quienes puedan pagarlos oscilarán entre 30% y 50%. «La diferencia se comprometen a pagarla cuando vuelva la actividad», explica el broker.
En algunos casos incluso están extendiendo un mes el contrato de alquiler: es decir si vencía en agosto de 2021 se quedarían hasta septiembre. «El tema es que se cortó la cadena de pago y se está generando una bola de nieve que genera mucha incertidumbre», analiza Speranza. «En muchos casos se acuerda un valor hasta septiembre de este año, acordando a finales de ese mes y en base a la situación del momento pactar nuevos cánones», agrega otro mecanismo, Mariano Costa, asesor senior de Mariana Stange Real Estate.
«No es lo mismo un propietario que necesita el dinero del alquiler para vivir que uno que tiene 20 inmuebles», aclara Marcelo Salas Martínez, presidente de Café Martínez con 200 puntos de venta (10 propios, el resto son franquiciados). El empresario está proponiendo pagar un proporcional de las ventas facturadas hasta el día que arrancó el aislamiento social, el próximo mes no pagar el alquiler y dejar asentada la deuda, y luego analizar cómo se recupera la economía para definir el monto que, de no extenderse el periodo de aislamiento social, estaría atado a un porcentaje de las ventas. Este sistema es similar al que algunas cadenas gastronómicas implementaron en la crisis de 2001 cuando no pudieron afrontar los pagos de los alquileres, dejaron la deuda pendiente y la saldaron cuando «la rueda volvió a girar».
Marcelo Zuliani, gerente comercial de la compañía de servicios inmobiliarios Colliers Internacional apela al sentido común de las partes. «En estas circunstancias de excepcionalidad inquilino y propietario deben ‘cuidarse mutuamente’ y arribar a un buen acuerdo de corto plazo». «Son relaciones de años que no se pueden romper por una situación puntual. Nuestros contratos son a 10 años, 120 meses que no se alterarán por una situación como la que atravesamos», agrega Fernando Storchi, CEO de Megatlon que con 42 sedes, todas en locaciones alquiladas, asegura, en 30 años jamás haber rescindido un contrato.
El empresario reconoce que su prioridad es pagar los sueldos de las 1200 personas que emplea. La cadena de gimnasios cerró las puertas de sus establecimientos cinco días antes de que el presidente decretará la cuarentena obligatoria y la presunción de Storchi es que para su rubro ese periodo se extenderá más. «Seguramente los gimnasios seguirán cerrados una vez que se finalice al aislamiento social obligatorio», afirma el empresario que decidió compensar a los clientes con el 100% de los días que no pudieron utilizar el gimnasio. Es decir si el abono terminaba en enero, se extenderá por el plazo que las puertas de los establecimientos permanecieron cerradas.
Baigún explica que los conflictos más complicados de resolver se darán en los casos de los propietarios que son inquilinos, es decir que dependen de que se cumpla el contrato para pagar sueldos y el alquiler del inmueble en el que desarrollan su actividad. «En estos casos se harán pequeños acuerdos de corto plazo pero será clave que las partes sean sensatas», explica.
No todos sufren lo mismo
En cada negociación además del perfil del propietario del local también influye cómo afectó el COVID-19 al sector: las farmacias, los supermercados de cercanía y los bancos no están manifestando problemas para el cumplimiento de los contratos. El rubro textil y el gastronómico en cambio están más complicados: muchos de ellos se reconvirtieron rápidamente y están ofreciendo delivery con alguna de las empresas de envío y mensajería, pero los números no cierran.
«Terminamos marzo con una caída de ventas del 50% y esperamos un abril por debajo del 30%. Con este escenario podremos afrontar una parte de los salarios del mes de abril y para continuar con la actividad estamos comenzando conversaciones con propietarios de nuestras locaciones», relata Ariel Davalli, presidente de Gelato Natural, la empresa dueña de la marca Chungo.
El empresario reconoce que entre los 30 tiendas, una propia y el resto franquicias, se viven realidades muy dispares:, centros comerciales, propietarios de un solo local y dueños de varias locaciones pero el planteo es el mismo, con el nivel de ventas no hay otro camino de negociar como se pagará abril y luego ver como reanuda la actividad». «Tenemos claro que la reactivación será muy lenta ya que los hábitos de consumo cambiaran radicalmente en los primeros meses», adelanta. Adrián Mercado, presidente del Grupo que lleva su nombre coincide en que «los efectos negativos continuarán porque, los locales gastronómicos van a tener que respetar ciertas distancias entre las mesas y los ingresos caerán».
Guido Mosin, research Manager de JLL, cree que los más afectados serán los locales que venden productos no esenciales: «Es probable que aumente la aversión al desplazamiento por parte de los consumidores. De este modo, es posible que se contraiga la cantidad de compras espontáneas», relata. Zuliani trata de encontrar el lado positivo: «La gente está muy contenida y una parte de la población generó cierto ahorro al no salir de sus casas que podría volcarse al consumo cuando la cuarentena termine», finaliza.