La Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos (Uthgra) liderada por Luis Barrionuevo intensificó las negociaciones con funcionarios de Cambiemos y empresarios del sector para avanzar en la reforma laboral.
El plan es reinstalar el «laudo» a partir de «la necesidad de atar los salarios a una polinómica, que representará un porcentaje de la facturación bruta total de los establecimientos de esa vital actividad», afirmó el dirigente sindical Dante Camaño a la agencia Télam.
«Si por ejemplo un negocio vende un millón de pesos, deberá abonar un básico salarial mínimo de $200.000, es decir, un 20 por ciento de la facturación bruta total. Aunque el sistema impondrá un haber garantizado, porque si ese establecimiento funciona muy mal resulta indudable que no alcanzará aquel guarismo del 20 por ciento», explicó.
El dirigente afirmó que esa masa bruta de ventas se dividiría por un puntaje, ya que «no todos pueden cobrar lo mismo al no ser igual un peón que un jefe de brigada, un mozo que un parrillero» y, de esa manera, se percibiría a partir de «una proporcionalidad».
Camaño puntualizó que esa polinómica que patrocina elimina las indemnizaciones, un viejo anhelo de Cambiemos, e implicaría «el aporte patronal de un 20 por ciento de la facturación bruta total de un establecimiento y la constitución de un Fondo de Desempleo, que obligará a las empresas a proyectar una parte del salario para depositarlo en el Banco Nación, para que cuando se produzca el distracto el trabajador se lleve el ahorro acumulado más medio punto anual de interés».
«El laudo no significa propina, porque los caldereros, encargados de depósitos o heladeras y otros dependientes jamás la perciben, por lo que es solo una liberalidad voluntaria del cliente y depende de cada persona, como su monto», aseveró el cuñadoo de Barrionuevo en una clara diferencia con el laudo propuesto en los últimos meses.
La economista Fernanda Vallejos había propuesto un proyecto de ley para crear el «Laudo Hotelero y Gastronómico Obligatorio».
«El mismo será sobre el valor de la consumición y deberá ser incluido en la factura final», aclaraba la iniciativa.
«En este contexto de depresión del mercado interno y caída del consumo, esta ampliación de derechos que robustece los ingresos, no sólo viene a dignificar a los trabajadores del sector, sino que, además, contribuye a dinamizar la demanda», detalló la legisladora al presentarlo.
La propuesta de Vallejos determinaba que el mínimo sería del 10% del monto total y el recomendado adicional sería del 5%. Asimismo estipulaba que los ingresos «serán repartidos de forma semanal, equitativa y proporcional entre los trabajadores del establecimiento».
A modo de compensación para el cliente, se fijaba que «las empresas prestadoras de servicios gastronómicos, hoteleros o análogos no podrán cobrar al consumidor en concepto de cubiertos, uso de mesa, o cualquier servicio equivalente».
La diferencia sustancial era que el proyecto de Vallejos no eliminaba los salarios tal y como los conocemos hoy ni las indemnizaciones, sino que complementaban los ingresos de los trabajadores en lugar de reemplazarlos.