Fuente: Clarín – En línea con la UIA, la Sociedad Rural y la Cámara Argentina de Comercio, entre otras entidades, piden la suspensión de una medida que pone en jaque a las pymes.
La Asociación de Hoteles, Restaurantes, Confiterías y Cafés de la Ciudad (AHRCC) se sumó al pedido que realizaron diferentes entidades empresariales y el Colegio Público de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires para que se suspenda la vigencia del Acta 2764/22 de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo (CNAT) que establece la capitalización anual de los intereses de los juicios laborales.
“Desde el momento de su publicación, advertimos alarmados el impacto y el peligro que representa la multiplicación exponencial de los importes de una potencial condena –que tornaría ilusoria cualquier previsión- amenazando terminalmente a Pymes y emprendedores” advierten desde la Asociación a través de un comunicado.
“Expresamos la urgencia que tiene el abordaje de este problema, enfatizando que además de desalentar la inversión, el emprendimiento y el empleo, pone en jaque la propia supervivencia de las empresas”, sostienen.
En el mismo sentido se habían expresado el Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina (IDEA), la Unión Industrial Argentina (UIA), la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), la Asociación de Fábricas de Automotores (Adefa) y el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires al presentar una nota ante la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo de la Capital Federal, en la que, al igual que la AHRCC, pedían que suspendiera la vigencia del Acta 2764/22 de esa dependencia de la Justicia laboral, que establece el cálculo de la tasa de interés a abonar por las empresas en casos de indemnizaciones por despidos.
Otras entidades que sumaron el reclamo ante la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo y la Corte Suprema de Justicia son la Sociedad Rural Argentina (SRA), la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y la Confederación Intercooperativa Agropecuaria (CONINAGRO).
Según estas entidades, la aplicación de esta acta, lejos de aportar una solución en la materia, lo que produce es un mayor desempleo, ya que difícilmente los empleadores, y especialmente las pequeñas y medianas empresas, se animen a emplear ante la posibilidad de que una eventualidad laboral tenga un costo muy superior al del negocio en sí misma.
Por su parte, el Comité Ejecutivo de la AHRCC trasladó su preocupación en cada una de las reuniones que mantuvo tanto con funcionarios como con los candidatos en las próximas elecciones. La precandidata a presidenta Patricia Bullrich, en un encuentro con el sector, hizo referencia a las “indemnizaciones arbitrarias, que son inviables y muchas veces se llevan lo que vale una empresa completa” y lo destacó como uno de los temas prioritarios para incluir en la reforma laboral que planea en caso de ser electa.
Por su parte, Horacio Rodríguez Larreta se expresó públicamente sobre la problemática: «Hablar de reforma laboral suena mal, lo que nosotros decimos es que hay que terminar con el curro de los juicios laborales. Hay que estudiar cómo hacemos para terminar con la industria del juicio laboral porque hoy una PyME no te toma un empleado ni loco».
En la AHRCC el tema también fue abordada en cada encuentro con los precandidatos a Jefe de Gobierno Jorge Macri, Leandro Santoro, Martín Lousteau y Roberto García Moritán. Además se realizaron gestiones tendientes a visibilizar la problemática y el impacto dramático que provocará la medida.
Se trasladó la preocupación al Departamento de Políticas Laborales y sociales de FEHGRA; se trabajó con la Secretaría de Trabajo porteña como así también con el Ministerio de Trabajo de la Nación; se realizaron reuniones periódicas con el Departamento de Políticas Laborales y Sociales de la UIA, con la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), con la Cámara Argentina de Turismo (CAT), entre otras, donde se evaluó la implementación de estrategias conjuntas.